Motivación

¿Por qué crear una AEAC?

La Constitución Española, en su Artículo 44, recoge la obligación de los poderes públicos de promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Así mismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 27, establece que toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Para que estos derechos y obligaciones se hagan realidad, es necesario promover y profundizar en la relación de la ciencia con la sociedad. La Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC) se constituye con ese objetivo.

A principios del siglo XX, con la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE),  presidida por la figura señera del premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, se puso en marcha un amplio programa para el avance de la ciencia con la creación de infraestructuras y una ambiciosa estrategia para la formación de personal investigador. Para el gran neurobiólogo: “La investigación científica constituye la más grandiosa y noble aspiración que el hombre puede tener sobre la tierra”. Esta fascinante aventura fue truncada por la guerra civil. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como depositario de las estructuras de la JAE, trató de mantener la antorcha  hasta que con la llegada de la tecnocracia se pusieron en marcha iniciativas diversas que fueron mejorando la situación de las universidades y de los organismos públicos de investigación.

A partir de 1982, la transición democrática consiguió ciertos éxitos en lo concerniente al sistema científico y tecnológico, con la apuesta por la modernización que derivó en la promulgación de la Ley de la Ciencia de 1986 España empezó así a ser una potencia mundial en número de artículos científicos. Posteriormente se profundizó en el binomio investigación y desarrollo (I+D), interpretando la demanda social de ir más allá de la publicación hacia la aplicación de los avances científicos. El binomio evolucionó más recientemente hacia el concepto de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para incorporar a las empresas y el mercado al interés por la ciencia.

En el presente año del 40 aniversario de la promulgación de la Carta Magna de 1978, la valoración sobre el cumplimiento de esos objetivos de su Artículo 44 encierra un panorama con importantes luces, pero no menos denso en sombras de costosa aceptación. Entre estas, quizá la más influyente sea que los avances en la promoción y la ejecución de las actividades científicas más que ascendente  han seguido una línea sinusoidal, con altos y bajos dependientes de la voluntad y estrategia de unos pocos, al no haber conseguido que calen en el conjunto de la sociedad, ni en sus  élites socio-políticas,  ni en la ciudadanía responsable. En la crisis económica de 2009, por ejemplo, mientras países como Reino Unido o Alemania reaccionaron aumentado su inversión en I+D, en España se impusieron drásticos y continuados recortes en ese sector, a pesar del papel fundamental que puede desempeñar para lograr ese cambio de modelo productivo que haga al país menos vulnerable a futuras crisis económicas.

A estos problemas de financiación se añade que en la actualidad muchas de estas etapas y objetivos del sistema español de I+D están sobrepasados por una realidad en la que la sociedad demanda más ciencia para resolver los innumerables retos que se atisban en el horizonte de la humanidad.