Un pacto cívico por la ciencia

Autor: Miguel Ángel Quintanilla Fisac

Hace ya décadas que la ciencia se introdujo en la agenda política de casi todos los países. Las causas que explican este fenómeno son diversas, aunque no independientes entre sí. Por una parte la ciencia constituye una de las  principales fuentes de legitimación y prestigio cultural y político de nuestra época. Por otra parte, la capacidad científica y tecnológica está indisolublemente unida a la competitividad económica, tanto en los sectores tradicionales como en los de la nueva economía de la información. Y por último, los grandes retos de la sociedad del futuro (calentamiento global, fuentes de energía, esperanza de vida, alimentación, asistencia sanitaria, etc.), que tenemos que afrontar para las generaciones venideras, dependen del conocimiento científico y sus aplicaciones. El caso es que, por una razón u otra (su valor cultural, su importancia económica o su interés social), la ciencia y la tecnología no pueden ya permanecer al margen de la agenda política de mayor actualidad.

Se da además la circunstancia de que, por su propia naturaleza, la política de la ciencia y la tecnología es un terreno adecuado para ensayar fórmulas de consenso y acuerdo entre los diferentes partidos. De hecho, la democracia española tiene ya una cierta tradición en este campo: la mayor parte de las grandes decisiones de la política científica que se inició en la época de la transición se han llevado a cabo en un clima de consenso, desde la primera Ley de la ciencia (1986) y el primer dictamen parlamentario sobre el Plan Nacional de I+D (1989) hasta la nueva Ley de 2011. Ahora estamos en una nueva coyuntura, apropiada para ampliar el consenso ciudadano en torno a la ciencia. El acuerdo podría concretarse en tres puntos: el esfuerzo que la sociedad debe hacer para apoyar la investigación científica, el gobierno de las instituciones científicas, y la participación ciudadana en las decisiones de política científica.

Primero, el esfuerzo en I+D. Durante los últimos años, el gasto en I+D ha disminuido en España hasta situarnos por debajo de los niveles alcanzados hace diez años. El primer punto del pacto político que proponemos consiste en aumentar el esfuerzo público en ciencia y tecnología de forma que se pueda alcanzar  el 2% del PIB, como objetivo de gasto total en I+D, e incorporar a unos cien mil nuevos investigadores y tecnólogos. No es imposible. Por lo que se refiere al sector público, el objetivo podría intentarse con un incremento neto del presupuesto de I+D de unos 200 millones de euros anuales durante los próximos cuatro años (asumiendo que el sector empresarial incrementaría su esfuerzo proporcionalmente a su peso actual en el gasto en I+D). A diferencia de otros gastos de igual interés social, es muy probable que el incremento del gasto público en I+D sea visto con buenos ojos por los ciudadanos españoles (véase la última encuesta de la FECYT) y  por la Unión Europa. Además tendría efectos decisivos sobre el empleo de una generación de jóvenes muy bien preparados, que podrían ser un factor decisivo para el aumento de la productividad de nuestro sistema económico,  pero que el sistema científico español está expulsando hacia otros países.

El segundo punto para un pacto ciudadano por la ciencia afecta a la gobernanza del sistema. Tenemos pendiente el desarrollo de la Agencia Estatal de Investigación cuya creación se demoró hasta las vísperas de la elecciones del 20 de diciembre de 2016. En el decreto de creación figuran los criterios para designar al Director de la Agencia, que debe ser un prestigioso científico, propuesto por la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología. En mi opinión, la propuesta se queda corta. Si queremos que España dé un paso decisivo hacia la madurez de la política científica tenemos que aceptar de una vez que la ciencia debe ser gestionada por los científicos. La propuesta que debería consensuarse es que tanto el presidente como el director de la agencia deben ser científicos de reconocido prestigio y han de ser propuestos por la propia comunidad científica, sin intervención del gobierno ni de los partidos políticos, estableciendo mecanismos de decisión automática en caso de que no haya consenso entre los electores.  Un modelo de este tipo ya funciona con éxito en el Consejo Europeo de Investigación. Incluso en nuestro país existen precedentes en la tradición de las Reales Académicas, o las propias universidades públicas.

Por último, hay una cuestión pendiente en la política científica española que ya es hora de abordar de forma definitiva. ¿Cómo puede mejorar la participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan a la ciencia y la tecnología? En el sistema político español tenemos tendencia a concentrar todo el debate político en torno a la conquista del poder, en vez de ampliarlo a los temas que se refieren al uso y reparto de ese poder. Deberíamos aprovechar la versatilidad institucional y la concentración de inteligencia colectiva, que se supone que existe en el sistema de ciencia y tecnología, y concentrar nuestros esfuerzos en crear instituciones que permitan mejorar la participación de los ciudadanos en este ámbito.

Algo se ha hecho ya en la dirección de potenciar la difusión de la cultura científica, con la creación de museos, unidades de cultura científica, semanas de puertas abiertas, etc. Pero falta adoptar medidas en la otra dirección, que faciliten la implicación del público y de las fuerzas políticas en el diseño y evaluación de las políticas de ciencia y tecnología. España es el único país con un cierto nivel de desarrollo científico y tecnológico que  no dispone de una institución de mediación, como las que tienen los 13 países que forman parte de la red Parlamentaria Europea de Evaluación de Tecnologías (EPTA por sus siglas en inglés)  fundada en 1995, durante la presidencia del Parlamento Europeo de Enrique Barón. El modelo de estas instituciones proviene de Estados Unidos, donde en 1972 se creó la OTA (Office of Technology Assessment), que perduró hasta 1995, cuando fue barrida por la ola de conservadurismo reaccionario que inundó el Congreso americano en los 90. Desde entonces proliferaron en Europa este tipo  de iniciativas y hoy numerosos parlamentos cuentan con programas e instituciones de apoyo a la toma de decisiones en política científica que suelen funcionar siguiendo principios de transparencia, accesibilidad, compromiso con la cultura científica y apertura a la participación ciudadana, y están demostrando su utilidad para facilitar la comunicación entre los ciudadanos y el sistema científico. No es este el momento de definir con detalle un proyecto así. Se trata solo invitar a los partidos políticos a que hagan de este punto otro de los ejes del consenso democrático: crear una Oficina Parlamentaria de Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas. En el Centro de Estudios Constitucionales todavía debe haber información sobre el tema, generada en un seminario internacional que se celebró en 1989. Nunca es tarde. Ahora es un buen momento para recuperar y acordar iniciativas que permitirían aunar elementos de la política tradicional y de la nueva política en el marco de un pacto ciudadano por la ciencia.