Breve análisis de la Estrategia Estatal Ciencia y Tecnología 2021-2027

Emilio Criado, Socio fundacional de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC) realiza un breve análisis de la recientemente publicada Estrategia Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI).


Breve análisis de la Estrategia Estatal Ciencia y Tecnología 2021-2027

Por Emilio Criado

El documento ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, el texto deberá ser ratificado por el Parlamento antes de su entrada en vigor que debería producirse en enero de 2021.

El texto no introduce grandes modificaciones respecto al borrador sometido a informe del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología en junio de este año

Objetivos

La Estrategia cubrirá el escenario de los dos próximos Planes Estatales de Ciencia y Tecnología, el primero. 2021-2023 cubrirá lo que denominada fase de estabilización del sistema y el segundo a desarrollar entre 2024-2027 incluiría la fase de expansión. Estos planes deberían concretar las prioridades y objetivos más específicos y deberán ser elaborados por la Agencia Estatal.

El documento enlaza las propuestas estratégicas enlazan con las recogidas en la Agenda Europea de Desarrollo Sostenible 2030 y el Horizonte Europa así como las resoluciones del Consejo de Europa aprobadas en febrero de 2020 y que centraban la actuación europea en:

Cambio Demográfico

Retos Economía Global

Digitalización

Industria y sociedad

Control del cambio climático a través de una transición ecológica justa y social

Se hacen referencias al desarrollo de acciones más ligadas a nuestro problemas específicos pero no se precisan.

La UE va a dedicar unos presupuestos globales de 80900M€ incluyendo recursos de diferentes fuentes, la mayoría procedente del Horizonte Europa 2030 (75900 M€) y 5000 adicionales del programa Next Generation. Estos fondos incluyen también Fondos FEDER y del Fondo Social Europeo. España ha obtenido un retorno en el último programa marco situado en torno al 10% de los fondos europeos,

Las líneas estratégicas definidas por la EECTI se concretan en:

Salud: nuevas terapias, diagnóstico preciso, cáncer y envejecimiento, y especial énfasis en enfermedades infecciosas.

Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva: génesis del ser humano, cognición y lenguaje

Seguridad para la Sociedad: desigualdad y migraciones; el mercado y sus tensiones; la protección de la sociedad y ciberseguridad.

Mundo digital, Industria, Espacio y Defensa: IA, internet de la próxima generación, robótica, física, matemática, redes de comunicación

Clima, energía y movilidad: lucha contra el cambio climático, descarbonización, movilidad y sostenibilidad. Alimentación,

Bioeconomía, Recursos Naturales y Medio Ambiente: de la biodiversidad a la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible y al estudio de agua y océanos.

Las líneas parecen asumibles e incluyen temas relacionados con las relaciones entre ciencia y problemas sociales que habíamos venido revindicando desde CCOO.

Sin embargo, el nivel de elaboración de las diferentes líneas es muy diferente y en general adolecen de una cierta sobrevaloración de nuestras capacidades científicas y un análisis muy somero de las capacidades industriales que hagan posible la buscada modificación del modelo productivo.

Estas líneas se complementarán con una serie de acciones transversales y, por ejemplo, en temas de personal, trasferencia, internacionalización acciones ciencia sociedad y unos objetivos a cumplir para cada una de ellos. Sin embargo la coordinación entre ambos tipos de acciones no aparece bien articulada.

Se acompañan una serie de indicadores para evaluar los objetivos conseguidos y anexos actualizados sobre datos de financiación, recursos humanos, publicaciones, internacionalización. etc.

El documento no hace referencia más que una alusión la situación generada por la crisis de la COVID, sin plantear objetivos más allá que la inclusión de las enfermedades infecciosas entre las líneas de trabajo.

Gobernanza

La gobernanza para la aplicación de la Estrategia hace énfasis en la necesidad de una mayor coordinación con las CCAA, colaboración que se reconoce ha sido muy positiva en el proceso de elaboración de la Estrategia.

Para el seguimiento de la Estrategia se crea un Comité integrado por 36 miembros que incluyen entre otros colectivos a representantes de los ministerios implicados, CDTI, INSCIII, FECYT, CCAA, científicos y empresarios, tras las presiones que hemos ejercido se incluyen también dos representantes de los sindicatos a propuesta del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología. El comité realizara un informe anual de evaluación. Tal y como está configurado es un organismo controlado por el MICIN, lo que le restará capacidad ejecutiva en su actuación.

No se plantea ninguna referencia a los problemas de coordinación entre los Ministerios de Ciencia y Universidades, cuando este segundo ministerio es el responsable de la realización del 60-70% del total de la actividad investigadora.

Se hacen reiteradas referencias a un Pacto de Estado por la Ciencia pero no se concretan objetivos ni cómo superar los obstáculos que impiden su realización.

Objetivos Financieros

Se propone alcanzar en el 2027 el objetivo de llegar al 2,12% del PIB, dedicado a I+D+i, partiendo del 1,2% actual. El objetivo supondría alcanzar la cifra media que gasta la U.E en la actualidad, es decir que se mantendría el diferencial respecto a nuestro entorno que hemos ido acumulando en los diez últimos años.

El problema más grave es que el objetivo que se busca, que la financiación privada pase de suponer el 49,5% al 58%, que lo igualaría a los niveles medios de la U.E, supondría una bajada en la participación pública que debería pasar del 37,6% actual al 30%. Con las expectativas de caída del P.I.B y la presión que ha ejercido el sector empresarial para convertir los créditos en subvenciones, se corren grandes riesgos de no poder disponer de incrementos notables para el sector público, de ahí las reiteradas referencias a la financiación europea.

El objetivo supondría duplicar en 7 años las inversiones del sector privado lo que a la vista de la coyuntura económica parece más bien un objetivo voluntarista, dado que el número de empresas innovadoras se ha pasado de 50.000 a 19.000 en los últimos diez años.

El documento se reafirma en la necesidad de disponer de presupuestos plurianuales, pero no precisa las modificaciones legislativas que sería necesario introducir.

Aunque el documento presenta datos desagregados sobre la distribución de los recursos procedentes de la Administración Pública, desagregados entre activos financieros y no financieros incluidos en la Función 46 de los PGE, no se presenta ningún objetivo que permita equilibrar el peso excesivo de los primeros ni explica el reiterado muy bajo nivel de ejecución de los mismos.

Sería conveniente que el compromiso financiero se hiciese no solo sobre el nivel general de inversión, públicos más privado, sino en lo que realmente puede decidir el gobierno, que es peso de la función 46 sobre los PGE, que ha caído desde el 2,7% que suponía en 2008 a sólo un 1.57% en 2018.

Recursos humanos

El documento reitera la intención de introducir una carrera profesional atractiva y estable, mediante la introducción de un contrato intermedio evaluable: ”tenure track”, entre la fase posdoctoral y el acceso a puestos estables. No hay ninguna concreción más ni se mencionan Planes de choque para reducir la precariedad ni el envejecimiento de los trabajadores del sistema público de investigación, situaciones que se critican pero que no se analizan ni cuantifican.

Se alude sin más precisiones a la necesidad de implementar una carrera para tecnólogos.

No se mencionan ni el Estatuto de Personal de Investigación ni tampoco al Estatuto del Personal Docente e Investigador; hay referencias a la necesidad de mejorar la movilidad tanto dentro del sector público como entre este y el privado.

Es un capítulo especialmente decepcionante porque a nivel de indicadores no se fija un objetivo de crecimiento del empleo en el sector público, pero si se hace en el privado, en que se pretende pasar del 0,56% de personal de investigación actual al 0.7% en 2017.

Trasferencia tecnológica

Se insiste en la necesidad de reforzarla, pero no hay estudios sectoriales que precisan como ejecutar esta prioridad.

Sin esos estudios, que incluyan el peso de las empresas multinacionales en cada sector, el personal e infraestructuras disponibles, es imposible conocer la capacidad real de dinamizar las actividades de I+d+i que pueden desarrollase.

En el documento se obvia la capacidad del sector público para impulsar políticas de generación y compra de productos y sistemas ligados a la ciencia e innovación. Esta ausencia es tanto más grave cuando el sector público es el principal generador de e demanda en sectores clave como sanidad, educación infraestructuras o movilidad. Se descarta la creación de cualquier empresa pública ligada al sector de la innovación.

Este déficit en el diagnostico y la imprecisión en las medidas e instrumentos concretos a aplicar son las carencias más graves que presenta el documento aprobado. Su paso por el Congreso  y la elaboración del Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024, deberían permitir enriquecer y precisar las carencias apuntadas. El anuncio del retraso en la aprobación de los PGE 2021, añaden presión al debate, pero no debería servir de excusa  para elaborar un documento mas consensuado.

Emilio Criado

15 Septiembre 2020.


Emilio Criado Herrero es socio fundacional de la AEAC y Vocal de CCOO en el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología.

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