El triunfo del estatismo: apuntes para un análisis de las tensiones económico-políticas de la Unión Europea

Hoy os dejamos con un interesante artículo de Armando Menéndez Viso, socio promotor de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC) en el que reflexiona sobre la situación y circunstancias que rodean a la llamada Nueva Era Europea que comenzaría tras el acuerdo alcanzado este Julio y que supone la generación de un paquete de estímulos para recuperar la economía de los estados miembros tras la crisis económica que ha generado la pandemia causada por la covid-19.


El triunfo del estatismo: apuntes para un análisis de las tensiones económico-políticas de la Unión Europea

por Armando Menéndez Viso

Los medios de comunicación se llenan estos días de titulares sobre la “nueva era” en la que la Unión Europea entra tras el acuerdo alcanzado el 21 de julio de 2020, que supone la generación de un “paquete de estímulos” (en román paladino, un montón de dinero) para hacer frente a la “crisis de la covid-19”. Pero, ¿ qué podría distinguir de los anteriores este nuevo tiempo en el que, al parecer, acabamos de entrar, aparte de cientos de miles de millones de euros circulando a la par que un nuevo y desazonador virus? ¿Realmente hay visos de que la Unión Europea esté cambiando?

¿Rigor contra el despilfarro?

Para las plumas más optimistas, los “socios europeos” han optado por ceder y reforzar así su Unión. Ceder, ¿en qué? ¿Cuáles son los hilos que soportan las tensiones comunitarias? Un análisis simple puede ofrecer una descripción de las diferentes posiciones económicas en términos weberianos, como un contraste entre rigurosos reformados y licenciosos católicos u ortodoxos (ortodoxos en lo religioso, no en lo económico, claro). Los cumplidores vecinos del Septentrión, sin cuyo caritativo concurso las meridionales ovejas descarriadas jamás podrían devolverse a su redil, no se alegrarán (la virtuosa austeridad lo desaconseja) por el regreso de los hijos pródigos de Europa, pero al menos podrán justificarse ante sí mismos como valedores de la rectitud económica. El relato que presenta el espíritu protestante como salvador del capitalismo y al capitalismo como el mejor receptáculo de la libertad individual interesa a quienes más se han beneficiado de ese “sistema económico” –al fin y al cabo, un producto rematado por las Provincias Unidas y extrapolado luego a los territorios vecinos y de ultramar. No es inverosímil que la interpretación de la propia fortuna como síntoma del beneplácito divino defina aún muchas mentalidades al otro lado del Rin (tal cual o sustituyendo la imprevisible providencia por una más metódica mano invisible) y sí natural que semejante autocomplacencia lleve a reclamar precisamente reformas a quienes no las abrazaron hace cinco siglos. Desde esta perspectiva, la interpretación del último gran acuerdo europeo consiste en que los severos nórdicos han ablandado su gesto prestándose a ayudar, mientras que los despreocupados sureños han tensado el suyo para hacerse acreedores de tan generoso auxilio. Así, todos ganan: unos en contante, otros en sonante (a los oídos de quien juzgue la virtud en el último día o, más a corto plazo, en las plazas de mando de las instituciones europeas).

La situación importa

Con independencia de que una explicación de tal tenor pueda considerarse más o menos atinada, los complejos fenómenos económicos y políticos se manifiestan con la misma contumacia que los demás y no se dejan reducir fácilmente a un esquema dicotómico como el que se acaba de describir. Hoy día es fácil encontrar datos abundantes y precisos sobre la realidad económica (por ejemplo, en el servicio estadístico de la OCDE). Estos datos manifiestan algunas disparidades evidentes entre distintos Estados de la Unión (pues al final, como es lógico, es a Estados a lo que acaba refiriéndose la estadística). Podríamos comparar algunos de los grandes números de, pongamos, los Países Bajos y España en el último año disponible (2019):

Sin entrar en análisis detallados, que no cabrían aquí, es fácil percibir que, en realidad, las mayores diferencias dentro de las variables seleccionadas residen en las siguientes: el desempleo, el déficit público (con su correspondiente deuda pública) y la renta per capita. En realidad, esta última nos vale por sí misma para ilustrar la importancia de lo in medias res (es decir, de considerar que las cosas no suceden aisladas ni ex novo, sino en tiempo concreto y en un contexto heredado y cambiante), pues el comportamiento de la renta constituye una instancia de lo que Merton bautizó, en un arranque de creatividad, como efecto Mateo –por aquello de Mt 13,12, que también cuentan Marcos y Lucas: «Pues al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene aun lo que tiene se le quitará». Eso es lo que ocurre en general en las crisis, durante las cuales quienes cuentan con reservas sufren menos y, además, pueden recuperarse antes, mientras que quienes se sostienen sobre pilares económicos más débiles ven que sus frágiles edificios se derrumban y deben empezar a levantarlos de nuevo incluso con mayor esfuerzo. Pero algo similar acontece en las épocas de bonanza: el país que dispone de rentas más altas puede obtener mayores ingresos con la misma presión fiscal y, por lo tanto, realizar un mayor gasto público sin incurrir en déficit, lo que a su vez permite mantener el alto nivel de consumo y renta generales, y por ende los ingresos públicos, etc. Con otra situación de partida, las naciones más menesterosas (con perdón del adjetivo, pues para sí quisieran la menesterosidad europea los habitantes de otras regiones del planeta) de la zona euro, privadas como están de la capacidad de manejar los instrumentos monetarios,  no tienen otro remedio que recurrir a la elevación de la presión fiscal (con la consiguiente merma de la renta disponible, y con ella del consumo, empleo, etc.) o al endeudamiento, so pena de apartarse sin remedio de la buena senda del crecimiento. Eso amenaza su estabilidad fiscal y, por tanto, su prosperidad económica. ¿Quién, hallándose en la situación del rico, querría ponerla en riesgo? Y, a la inversa, ¿quién no querría hallarse en ella? A los solventes les conviene la ética espinosiana de la perseverancia en el ser, mientras que los demás tendrán que depositar sus esperanzas en una moral más caritativa. Aparecen así propuestas contrapuestas, que una vez más se han puesto de manifiesto en la última cumbre europea: la de la conservación y la de la transformación. La conservación se convierte en prioridad cuando se ha alcanzado la prosperidad o cuando se está cerca del último aliento. Por el contrario, la mejora, y no la perseverancia, se convierte en la meta de quien ni se imagina en la cúspide ni se entrega por entero a la pereza.

¿Ricos contra pobres?

En otras palabras, los gobiernos nacionales de la Unión comparten, en realidad, el mismo objetivo individual: la mayor prosperidad para sus votantes (y, con ella, su continuidad en el puesto). Pero para lograrlo deben recurrir a argumentaciones diferentes, dadas sus singulares posiciones de partida. Por muy denostada que se encuentre la ocupación política, quienes la desempeñan no son, en general, idiotas, y sí más o menos conscientes de su lugar. Lo que ocurre cada día en las continuas negociaciones europeas puede verse (al menos en su mayor parte) no como un choque de mentalidades, sino como intentos comparables por lidiar con realidades e intereses dispares. Rutte no es el diablo con cuernos y rabo. Él y sus secuaces, aun ocupando sin disimulo la vacante de Albión, tienen más razón que un santo cuando enarbolan la disciplina fiscal en su lucha sin cuartel por el rigor económico. Todos los demás saben que gobiernos como el español (que también lo sabe) deberían recaudar más o acotar su gasto público. Incluso es de sobra conocido a qué capítulos conviene destinar ese gasto para que resulte más rentable: investigación científica y tecnológica, salud, educación, arte, cuidado del patrimonio natural y cultural, reducción de las desigualdades de todo tipo…Tampoco se oculta a nadie con dos dedos de frente que las pensiones constituidas mediante sistemas de reparto, como el español, guardan tal dependencia del crecimiento (de la población y de la riqueza), que a largo plazo resultan insostenibles y, en todo caso, mucho más frágiles que las financiadas por capitalización individual. Así que hay argumentos convincentes para compeler a los “manirrotos” a que se conviertan a la estricta observancia. No cabe duda de que las reformas sensatas ayudarían no solo a las economías nacionales más necesitadas, sino también a la tranquilidad general de la zona euro y a la fluidez general del mercado común. Pero ningún gobierno ignora que cambiar en profundidad los impuestos, las pensiones y las partidas de gasto público resulta imposible sin vencer una gran resistencia, causar sufrimientos inmediatos y, por tanto, perder votos en las elecciones siguientes. Así que permanecer en su ser conviene también a las naciones no tan boyantes, que por eso se atreven a solicitar dádivas. De esta manera, quienes tienen el dinero pueden acogerse a las culpas del pedigüeño para darle menos y los peticionarios pueden apelar a la “solidaridad” (quieren decir caridad, aunque esta impropiedad léxica es frecuente en el español contemporáneo) de sus donantes. Como la riqueza del menos rico abona la de quien lo es más, cabe un término de acuerdo que satisfaga a las dos partes, como el encontrado el pasado día 21 de julio.

Tramas entre bastidores

Este relato del término medio puede resultar verosímil, incluso atractivo, pues unos pueden adornarse con su magnanimidad y los otros, con su simpatía (en el sentido más literal del término). Pero ocurre que los defensores del rigor olvidan interesadamente que los presupuestos tienen dos caras: la de los gastos (contra la que arremeten inclementes) y la de los ingresos (sobre la que guardan un respetuoso silencio). Estos ingresos se ven mermados en las naciones menos prósperas simplemente en virtud de su menor prosperidad y, además, por su escasa capacidad de maniobra para competir con las administraciones acaudaladas por las contribuciones más jugosas, esto es, por los impuestos y los gastos suntuosos de las empresas y los individuos más adinerados. El primer ministro neerlandés conoce que la economía de su territorio se beneficia desproporcionadamente de una fiscalidad muy favorable a las sociedades que se instalan en él, que la multitud de grandes empresas que se afincan en el Randstad no se asienta ahí por disfrutar del paisaje, el clima o la buena comida, sino por estar dentro del mercado común europeo pagando unas tasas más propias del Caribe que del Mar del Norte. Sabe también que esa baja fiscalidad empresarial depende en buena medida del mantenimiento de la prosperidad que ella misma ayuda a forjar. La armonización fiscal no interesa a casi nadie, pero menos a quienes pueden competir mejor por vía impositiva. A los Países Bajos, por ejemplo, la homogeneización fiscal les obligaría a renunciar a una jugosa fuente de ingresos; mientras que a España le llevaría seguramente a un IRPF más lineal, a un impuesto sobre sociedades más progresivo, a una simplificación general que abarate la tramitación y dificulte las maniobras legales para evitar pagar impuestos, a una reducción del peso de los impuestos indirectos; a una revisión de las tasas y los impuestos especiales; a una ecualización entre las diferentes comunidades autónomas… Y algo parecido podría decirse de la armonización laboral, de las pensiones o de las prestaciones sociales. Es decir, que asuntos que interesan vivamente a muchos ciudadanos de la Unión (sobre todo a aquellos que llevan una vida internacional o han emigrado), resultan incómodos para sus gobiernos –o, lo que es lo mismo, la conjugación de los bienes individuales y los colectivos tiende a ser compleja, y no cabe en un esquema simple de buenos y malos.

La volubilidad política del cálculo

El problema no se reduce al ámbito nacional o institucional. En el solar europeo, el cálculo individualista aparece tanto en las decisiones de los Estados como en las de sus habitantes. La inmensa mayoría de los ciudadanos aplica constante y conscientemente el cálculo utilitarista que sostiene la lógica económica al uso (llámese análisis coste-beneficio, o como se quiera). El problema es que el método resulta bastante maleable. Tomemos como ejemplo las medidas profilácticas contra la actual pandemia. Los neerlandeses se están resistiendo ferozmente al uso de la mascarilla, y en general al cumplimiento de las recomendaciones contra la expansión del SARS-CoV-2 (al que allí se refieren simplemente como corona). ¿Son cortos de entendederas, temerarios, insolidarios? Más bien hacen su cálculo de la siguiente manera: el porcentaje de la población contagiada es, a pesar de todo, más bien bajo; de ese porcentaje ya bajo que contrae la covid-19, sólo el 20% presenta síntomas graves; de ese 20%, solo la mitad o menos ve peligrar su vida, luego el riesgo individual de sufrir seriamente por la pandemia es mínimo y además incierto, mientras que la incomodidad de la mascarilla, cuya eficacia como medio de protección personal resulta además limitada, es inmediata, evidente y cierta; luego la mascarilla, para los españoles –que, por cierto, son los ciudadanos europeos más propensos a seguir las recomendaciones sanitarias. Ahora hagamos el mismo análisis desde una perspectiva colectiva: para una población nacional en su conjunto no hay riesgo, sino certeza de cientos o miles de muertes y un sufrimiento incalculable por culpa de los contagios; aunque el uso de la mascarilla no frene por completo la circulación del virus, lo reduce significativamente en términos estadísticos y su coste, comparado con la magnitud del daño que puede causar la enfermedad, es mínimo; luego la mascarilla, para todos y en todas partes. Con el mismo método de análisis, llegamos a la conclusión opuesta. El mecanismo de decisión racional que, cuando se pone en marcha desde la óptica meramente individualista consagrada por la teoría económica dominante, aparece como el colmo del rigor, falla estrepitosamente cuando se pretende decidir colectivamente mediante la mera agregación de las voluntades individuales, pues omite la perspectiva estadística y se ve sesgado, además de por la carencia de información perfecta, por las limitaciones cognitivas de sus sujetos. Estas limitaciones incluyen lo que los fundadores de la economía conductual llamaron el efecto donación, según el cual nuestro apego por algo que ya tenemos (como el vivir a cara descubierta) es mayor que el deseo de tenerlo cuando nos falta. Estas razones hacen que la voluntad gubernamental de salirse de los raíles por los que se viene rodando brille por su ausencia. Como ya vio Aristóteles, interrumpir las inercias supone siempre la aplicación de alguna fuerza, que por definición violenta a quienes con ella ven alterado su movimiento natural. Este, que es otra forma del conatus in suo esse perseverandi, beneficia a quien se encuentra donde desea (esto es, mejor que los demás), y de ahí que, para mantener su posición, los mandatarios de los países más ricos deban presentar ante sus votantes resistencia a cambiar un modo de vida que les ha enriquecido más que al resto. Pero resulta que la indolencia también conviene a los mandatarios de los países menos aseados económicamente, que quieren mostrarse ante sus representados como resistentes a las exigencias reformistas. Para unos y otros es fácil caer en la tentación de recurrir a la teoría económica como árbitro político. Pero tal caída no conduce a parte alguna porque, como afirmaba nada menos que Hayek,

«… cuando se insinúa que los economistas quieren que todo se subordine a fines económicos es que algo no se ha entendido. En rigor, ningún fin último es económico, y los que así se califican constituyen, a lo sumo, fines intermedios que nos dicen cómo acercarnos a otros que no son económicos. Y es la disciplina del mercado la que nos fuerza a calcular, esto es, a dar razón de los medios que utilizamos en la persecución de nuestras metas» [1].

Unión y tensión

En definitiva, es posible leer parte del funcionamiento de la UE en clave de la ética de Espinosa, que no por casualidad se formuló precisamente en Ámsterdam. Eso que en España llamamos Europa (como si fuera una entidad externa, separada de nuestro ibérico país) continúa siendo una asociación de estados-nación soberanos, en la que quienes más pueden, más lo hacen notar. La economía de la Unión es un producto político y al final es la política la que sostiene la actividad económica europea, más bien que a la inversa. El reto es, pues, mantener el impulso político sin desoír los teoremas económicos. Pero esto, respondiendo a la pregunta que nos hacíamos al comienzo, no es nada nuevo.

Algunos sufrimos efecto donación con la Unión Europea misma: se nos ha dado y no queremos dejarla marchar. Por fortuna, ese sesgo afectivo ha funcionado también en la última cumbre de jefes de gobierno (seguramente mejor que cuando nuestros vecinos del otro lado del Canal andaban por ahí). El entramado europeo se ha mostrado bien trabado. Pero conviene recordar que está tejido con fibras que necesitan tensión, una tensión que solo se resuelve si se cortan; es más, la Unión Europea puede interpretarse precisamente como la conciencia de tal tensión y la voluntad de mantenerla para que el tejido ni se rasgue ni se deshilache. La tensión es la que permite fomentar las “identidades” individuales a la vez que otras colectivas (de cada nación y de Europa en su conjunto); dejar que los Estados perseveren al mismo tiempo que se ven menoscabados por las instituciones europeas; dar a los ciudadanos canales institucionales para salirse de la lógica estatal sin que esta se disuelva; mantener una moneda y un banco central únicos para veinte políticas económicas diferentes; sostener una legalidad común para un número indefinido de legislaciones y legisladores autónomos; etc. Mientras estas tensiones tengan lugar, las razones particulares seguirán operando a la par que los motivos sociales, y su equilibrio inestable abrirá el hueco para la vida común.

Tras el “histórico acuerdo” sobre los dineros para reparar los estragos económicos de la covid-19, el estatismo, en sus dos acepciones, como inmovilidad y como exaltación del Estado, sigue muy vivo (y muy lejos de perder) en la partida económica que se juega en la Unión Europea. No aflojemos la tensión.


Armando Menéndez Viso es Profesor Titular del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo y Socio promotor de la AEAC.


[1] F. A. Hayek (1978), The Three Sources of Human Values, London: London School of Economics and Political Science; p. 21 (Traducido por el autor).

Compartir este contenido
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email