La Agencia Estatal de Investigación: ¿reivindicar o revisar?

Por Emilio Muñoz, socio promotor de la AEAC.

La Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC)  es una asociación cívica y en este otoño  prepara su estrategia para alcanzar el objetivo de llegar a la sociedad. En el documento de partida se han señalado tres líneas o ejes sobre los que debe discurrir  tal propósito: el educativo, el ético y el internacional. En un acto celebrado en la feria internacional BioSpain celebrado en Sevilla el 25 de septiembre de 2018 se ha incorporado un nuevo eje, el social como se reflejaba en la Nota de Prensa de dicho acto.

En el marco de estos ejes me parece oportuno reflexionar sobre una institución importante para el desarrollo científico y técnico español, pero poco conocida y menos debatida. Se trata de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cuya génesis y desarrollo no han sido precisamente sencillos. En estos principios de octubre dos noticias relacionadas con la Agencia han llamado mi atención sobre su situación. La primera tiene que ver con una convocatoria aparecida en medios nacionales e internacionales  para cubrir el puesto de Dirección de esa entidad; la segunda concierne  a un acto convocado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) que me ha llegado por la vía de sociedades científicas a las que pertenezco. Es una Jornada, referida como COSCE-DECIDES2018, a celebrar el día 16 de octubre bajo el título “El papel de las Agencias Nacionales de Investigación en el siglo XXI” en el edificio Caixa Fórum de Madrid, acto impulsado por el proyecto DECIDES de la COSCE a su vez  apoyado por la Fundación “ La Caixa”.

Tal proyecto “publica anualmente un informe de análisis  y seguimiento del cumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos adquiridos… y de las políticas necesarias para su cumplimiento” en el ámbito de la ciencia. El evento persigue el análisis comparado y contempla la asistencia del ministro de Ciencia, Pedro Duque,  y la intervención de una figura de la política científica como Andreu Más Colell  y de representantes de cuatro agencias: el European Research Council (ERC), la agencia francesa (AVR), la norteamericana (NSF) y la española (AEI); dos mesas redondas y las conclusiones completan la jornada.

La importancia  y pertinencia del acto son indudables pero me asalta de entrada una duda: ¿A quién pretende analizar y seguir el proyecto DECIDES, al Gobierno actual, al anterior, a la AEI? Respecto a la convocatoria del puesto de dirección que ha lanzado el Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación en medios nacionales e internacionales  un primer movimiento de entusiasmo por su carácter innovador y por la seriedad de las condiciones exigidas que le llevan a uno a sentir un cierto orgullo. Pero a continuación se me suscitan algunas preocupaciones –que espero que los responsables del ministerio hayan valorado. La convocatoria choca en apariencia con lo que recoge el estatuto de 2015  para el puesto de dirección que acompañaba la creación de la Agencia;  es verdad que  los requisitos que detalla la convocatoria están recogidos en términos generales pero ese estatuto no indica modo alguno para   proveer la plaza  y la actual directora fue nombrada, no sabemos seleccionada por qué criterios,  en junio de 2016  y su mandato según el Estatuto  es por tres años. Otro posible problema es el que puede derivar de la selección de un extranjero; esa triste experiencia la vivimos con el nombramiento para Director del Centro Nacional de Biotecnología (CNB): convocatoria internacional, presentación de un candidato británico, Michael Parkhouse , comité internacional presidido por Sir John Kendrew, Premio Nobel de Química que lo escogió. El seleccionado ayudó mucho en el diseño estratégico del CNB, aunque fue imposible incorporarlo  a pesar de los esfuerzos que hicimos durante varios años, incluidos los míos cuando llegué a la Presidencia del CSIC en 1988 hasta 1991. Todo lo que se consiguió por los responsables de Hacienda y Administraciones Públicas fue un contrato como profesor titular; solo nos quedó despedirnos con un, a la vez, emocionado y triste abrazo y nombrar a un director español.

Moviéndome por el primer eje, paso a ofrecer  unos apuntes históricos sobre la AEI. Es un tema que arrastra  más de una década de reflexión. Gracias a la generosidad de un colega implicado en la aventura de la AEAC he podido disponer del proyecto que se inició en 2004 con los ministerios de Educación y Ciencia de los gobiernos de R. Zapatero y que cuajó en borradores de Memoria y de Estatuto en 2007 con el equipo de Mercedes Cabrera con las intervenciones de M.A. Quintanilla, F. Marcellán y Violeta Demonte. Son textos de indudable importancia e interés como veremos, orientados a la creación de la Agencia Estatal de Evaluación, Financiación y Prospectiva de la Investigación Científica y Técnica, este último dueto es el término recogido en la Constitución de 1978 y en la ley de la Ciencia de 1986. El proyecto se apoyaba en la ley de Agencias Estatales (Ley 20/2006)  y en argumentos procedentes de informes previos (Plan Nacional de I+D; Acción CRECE promovida por COSCE; Informe 2006 del Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación del Sistema Español de Ciencia y Tecnología; Informe de la OCDE sobre el sistema de I+D+i en 2007). Tenía como objetivo sintonizar con el proyecto europeo del European Research Council ( ERC) en el que jugó un papel decisivo en la gestión política Federico Mayor Zaragoza, presidente de la AEAC. El proyecto de estatuto contó asimismo con una confortable Memoria sustentada en los informes de tres grupos de expertos presididos por notables personalidades: J.A. Martín Pereda,  A. Más Colell y L. Oro Giral.

El borrador presentado al final de la primera legislatura de Rodriguez Zapatero era una cuidadosa propuesta que contemplaba la Agencia  como “el agente para la ejecución de las políticas de I+D+i” y reconocía la jerarquía de la Ley de la Ciencia de 1986. Constaba de nueve capítulos y cuarenta y cinco artículos desarrollando de modo completo todas las facetas necesarias para cumplir su función y objetivos. Respecto al director/a  (Capitulo IV, articulo 19) se enunciaba que “su nombramiento o cese correrá a cargo del Consejo Rector a propuesta del Presidente y cuya vacante se anunciará en órganos de difusión científica y medios de comunicación tanto nacionales e internacionales”.  Sin embargo, la tardía presentación en el calendario electoral determinó que quedara aparcado ante la otra ambiciosa apuesta, como fue la creación de nueva planta del Ministerio de Ciencia e Innovación a cuyo frente se situó Cristina Garmendia, acreditada como innovadora empresaria. Este Ministerio que abordó un programa de reformas, amparado en la euforia de un desarrollo económico y una  clara apuesta por las inversiones, asumió el reto de una nueva ley para la regulación de la ciencia,  con el objetivo de  modernizar la anterior ley, que  había rendido satisfactorios resultados pero que necesitaba una profunda actualización.

La ley de la  Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 14/ 2011 de 1 de junio) sufrió en su proceso  de elaboración y en su aprobación (solo en Comisión en el Congreso y sin debate en el plenario) las secuelas de la crisis económico-financiera que negaba el Presidente Zapatero, actitud que condujo a la dimisión del Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes , y a la asunción de esa responsabilidad por Elena Salgado en circunstancias de extrema dificultad que requerían suma ductilidad. Esta situación llevó a la convocatoria anticipada de elecciones.

Estas elecciones en noviembre de 2011 trajeron acciones que se convirtieron en calvario para la ciencia, la tecnología y la innovación, sus instituciones y sus cultivadores. Recuerdo que apenas hubo referencias a estas cuestiones en los programas y la campaña electorales; en el caso del PP apenas unas líneas sobre la innovación en el programa y en los escasísimos actos electorales constantes alusiones a “que, durante la época de Zapatero, se había gastado mucho y mal”. Fui testigo de excepción de esta declaración por Gabriel Elorriaga, como representante del Partido Popular en un acto celebrado en el CIEMAT que tuve el placer de moderar por acuerdo de los organizadores.

Tan preocupantes datos fueron heraldo de lo que ha venido después: desaparición de la voz de la ciencia y la tecnología  del Consejo de Ministros con la atribución de  la competencia en esas materias a una Secretaría de  Estado en el seno del Ministerio de Economía y Competitividad que se  separaba de Hacienda, siendo titulares respectivos Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, quien  asumía también las competencias de Administraciones Públicas. La titularidad de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI) recayó en Carmen Vela, una sorpresa aunque sin duda con experiencia en el ámbito innovador de la empresa y conocedora de las políticas de ciencia, tecnología e innovación de la Unión Europea. Hablo de sorpresa porque  cuando uno ha visto los esfuerzos de la Secretaría de Estado y de su titular parecía que se optaba por la opción, ya esbozada con la aprobación de la Ley 14/2011, del “mal menor o del mínimo bien”.
Es indubitable que la Secretaria de Estado planteó desde el principio la creación de la Agencia como objetivo acudiendo al argumento de la comparación internacional. Promovió  a tal fin con entusiasmo una campaña mediática en la cadena La Sexta dentro de la estrategia “Constantes y vitales”. Finalmente se saldó con una solución en momentos críticos del sistema científico – técnico de nuestro país y en vísperas de unas elecciones de resultado dudoso. Por ello he criticado en círculos reducidos tal solución desde  la óptica de la ética de y en  la investigación, una interética  con el basamento de tres valores: responsabilidad (compromiso), empatía (tener en cuenta a los otros) y justicia social (que no primen  los intereses propios)[1].

La AEI se creó por Real Decreto publicado el sábado 28 de noviembre de 2015- algo menos de un mes antes de las elecciones generales. Mantengo la hipótesis personal de que fue una acción con ciertas quiebras éticas: “lo lanzamos y si no se ganan las elecciones, algo hemos avanzado en nuestro diseño y que se apechugue con ello; si se ganan,  mejor que mejor”. El RD 1067/2015 de 27 de noviembre presenta algunas facetas que merecen atención, y que dan sustento a las puntualizaciones éticas a las que se ha señalado. El Decreto en su parte expositiva no hace referencia a la Ley de Agencias – que ya había sido  pre-derogada en una ley por el Gobierno del PP, Ley 40/2015 de 2 de octubre-con una ¿trampa de dudosa ética? En la disposición final decimoctava remitía a un año su entrada en vigor:” La presente Ley entrará  en vigor al año de su publicación…”, justo dos meses escasos antes de unas elecciones generales de dudoso resultado. Todo el apoyo jerárquico legislativo para la creación radicaba en la Ley 14/2011 de Ciencia, Tecnología e Innovación  en la que se reconocía a  la Agencia Estatal de Investigación ( título simplificado con respecto al borrador de 2007) y al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial ( CDTI )  ambos adscritos al Ministerio de Economía y Competitividad ,  a través de la SEIDI, es decir se producía una muestra de hibridación para “jibarizar” la representación de la ciencia en el organigrama del gobierno.

Por último y en lo que nos atañe, subrayar que el texto del PP sobre la AEI es una brillante y aligerada transcripción del borrador de 2007 del equipo de la ministra M. Cabrera. En la literatura administrativa no es obligatorio citar como en la actividad docente e investigadora; por lo tanto no hay plagio; quizás solo congratularse de colaboración en el ámbito político aunque sea entre partidos poco dispuestos al consenso.

Una de las diferencias, resultantes en aligerar, concierne al puesto del Director. Hay muchas identidades entre ambos textos aunque difieran en el estilo y la estructuración, pero existen diferencias respecto al tema de la convocatoria actual: no hay referencia alguna en el texto de 2015 a la convocatoria en medios; la duración, por otro lado, en el  texto de 2007 es por cinco años mientras que en el Real Decreto de 2015  es por tres años, renovable por una vez, aunque puede ser cesado. La convocatoria no hace mención  a este extremo.

El cotejo entre el Estatuto de la AEI y la convocatoria  no es franco. Porque además dos decretos de 2017 ( RDs. 1/2017 de 1 enero y 932/2017 de 21 de octubre) sobre presupuestos y locales daban  presuntas señales de un nacimiento prematuro  de la institución.

[1] http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/172