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Diez años después seguimos buscando el mito de Sísifo
Hoy, en la sección Diálogos entre Ciencia y Democracia de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC) recuperamos un artículo escrito por Emilio Muñoz, titular de la sección y socio fundador de la asociación. El texto fue publicado tal día como hoy, pero hace 10 años, en la Sección de Ciencia de “El País” titulado “40 años en búsqueda de equilibrio, y el mito de Sísifo”.
Lo recuperamos hoy, en su décimo aniversario, porque a pesar del tiempo transcurrido, su principal reclamación en palabras del autor «Reclamo un pacto social (por la Ciencia), un nuevo contrato social, en el que deben participar todos los agentes sociales» sigue de plena actualidad y se hace más necesario que nunca ante los ataques a la Ciencia y los científicos que nos llegan de Estados Unidos, y que, al igual que ocurre con los crecientes movimientos de ultraderecha, corremos el riesgo de contagio y diseminación cual pandemia. Al igual que ocurrió con la pandemia de la COVID-19, la vacuna frente a estos movimientos debe ser la información, una información veraz y basada en hechos, siguiendo el método científico de analizar y explicar lo que sucede. Para ello, se hace necesario recuperar el prestigio de los científicos, como dice Emilio Muñoz en el artículo “La ausencia de este reconocimiento y de un estatuto especial supone que este ámbito (el científico) esté sujeto al albur de los cambios de gobierno y de fluctuaciones económicas y políticas”.
Hace 10 años, momento en el que se escribió el artículo, la sociedad y la ciencia estaban pagando las consecuencias de la crisis inmobiliario-económica del 2008 y las políticas de recortes sociales -la dolorosa austeridad- que se llevaron a cabo en Europa y en España. Hoy, nos encontramos de nuevo en crisis, una pandemia, Guerra en Europa, Genocidio en Gaza, un crecimiento de la ultraderecha alentado por la victoria electoral de Trump de Estados Unidos o Milei en Argentina que proclama un recorte extremo del gasto público y especialmente en Ciencia. A pesar del crecimiento de inversión en I+D de las últimas legislaturas, la amenaza de nuevos recortes, al albur de una inestabilidad política y presupuestaria, se cierne sobre la ciencia. De nuevo la petición de un pacto de estado -o social como proponía el autor- que asegure una inversión y financiación estable sigue siendo necesaria.
Pero no todo son sombras, observamos con ilusión movimientos como los producidos en Asturias, donde su Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, socio fundador de la AEAC, ha impulsado una apuesta por la ciencia, en una región en la que tras las diferentes reconversiones industriales y mineras necesitaba de un cambio de paradigma, una apuesta por un desarrollo de la industria basado en el conocimiento y en la innovación, lo que en el ámbito europeo se ha llamado “autonomía estratégica“. Su apuesta por la creación de una Agencia de Ciencia y sobre todo por una Ley de Ciencia en la que se asegura un presupuesto estable, regulado por ley y creciente, sienta sin duda las bases de un crecimiento sostenido y a futuro. Ojalá otras regiones y Países sigan el mismo camino, resistiendo la propuesta de “la ilustración oscura“ y no sea necesario evocar de nuevo el mito de Sísifo, dentro de otros 10 años.
Victor Ladero
Artículo publicado originalmente el 20 de noviembre de 2015 en «El país».
Abordaré el tema con datos, hechos y personas, pero sin números. Los debates se vienen centrando en las cifras, sin duda importantes, pero que muchas veces no dejan ver el bosque de las estrategias y valores que con tenaz ciclicidad impulsan o bloquean el desarrollo científico y tecnológico en España.
En los trabajos sobre Filosofía de la política científica, he podido poner de relieve que la política científica moderna nace en Europa en el primer tercio del siglo XX. En aquel tiempo, España estuvo cerca de la vanguardia (circunstancia que sin duda sorprenderá a muchos conciudadanos) gracias a la apuesta que por la educación y la investigación hicieron respectivamente la Institución Libre de Enseñanza y la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), con personalidades científicas y políticas implicadas como Santiago Ramón y Cajal, José Castillejo, Juan Negrín, entre otros muchos. Ese periodo brillante, medio siglo aproximadamente, ha sido reconocido por historiadores de la ciencia como Laín Entralgo, López Piñero y Sánchez Ron como la “edad de plata” de la ciencia (y la tecnología) españolas.
Este periodo tuvo un brusco final con la Guerra Civil. Es cierto que, desde el lado de los vencedores, se trató de restaurar la situación con la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre los restos de la JAE en noviembre de 1939, aunque con un profundo trastoque ideológico. La creación y el desarrollo posterior del CSIC se debieron al esfuerzo personal de quien sería su secretario general, José María Albareda, que fue becario de la JAE y conoció la misión de dicha institución.
Al CSIC se atribuyó en origen la ejecución de la política científica, pero pronto tropezó con las dificultades habituales que se suelen dar en España asociadas con luchas tribales. Este fracaso del CSIC condujo a los tecnócratas a asumir un papel protagonista en la gestión de la ciencia: por ello se creó la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (CAICYT) en 1958 que quedó adscrita a la Presidencia de Gobierno, aunque su asiento físico estuvo en las oficinas centrales del CSIC. Manuel Lora Tamayo, químico orgánico de prestigio fue su primer presidente. Lora Tamayo ocupó posteriormente la cartera de Educación Nacional desde cuya titularidad apostó por la política científica y promovió la primera evaluación de la ciencia en España que realizó la OCDE; asimismo cambió el nombre de su cartera a la de Ministerio de Educación y Ciencia. El CSIC fue reconocido como principal ejecutor en el sector público de la investigación científica y técnica en España.
La transición a la democracia trajo cambios importantes en el ámbito de la gestión de la ciencia. Primero, la crítica situación económica que llevó a los Pactos de la Moncloa, determinó que este ámbito de la política se aparcara: “Ahora no toca”, fue la frase atribuida a Jordi Pujol. Sin embargo, y por suerte, con UCD se creó el Ministerio de Universidades e Investigación (1979-1981) bajo la dirección de Luis González Seara. Este ministerio llevó a cabo una reforma en el organigrama de la gestión de la ciencia en España que incluyó la incorporación de la CAICYT a dicho ministerio, reforma de calado que facilitó el proceso de modernización que siguió a las elecciones de octubre de 1982.
El PSOE llegó al gobierno con tal programa de modernización en el que afortunadamente estaba incluida la apuesta por transformar lo que prefiero denominar espacio científico-técnico. En este entorno ha habido muchos logros a lo largo de los cuarenta años pero también fracasos y decepciones.
Entre los activos cabe citar: La adopción de las políticas para y por la ciencia en la agenda política con la aprobación y puesta en marcha de la Ley de la Ciencia de 1986; la adaptación de la gestión de la investigación científica según el modelo norteamericano basado en la estrategia de “La ciencia como frontera sin límites” (Vannevar Bush, Roosevelt y Truman) y las prácticas de la National Science Foundation, adaptación que puso en marcha la evaluación de proyectos y actividades científicas por expertos y se completó con la aplicación de principios de planificación estratégica (Planes Nacionales y programas temáticos de I+D); la decidida apuesta de las universidades, en especial de su personal más cualificado, al reto del desarrollo científico y tecnológico español; la internacionalización de la producción de los conocimientos de las instituciones científicas y técnicas españolas; la creación de grandes infraestructuras (por ejemplo, en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en el CIEMAT), iniciativa que se vio acompañada por la mejora de las instalaciones y equipos de muchos laboratorios y grupos de investigación españoles; la creación del Instituto de Salud Carlos III como base para el desarrollo exponencial de la investigación biomédica, proceso en el que sobresale la brillante incorporación de los hospitales a esta tarea; la progresiva participación con éxito en proyectos europeos…
Logros efímeros fueron: El incremento pautado de los presupuestos para la financiación de la I+D y la innovación (apenas dos legislaturas, después se ha recurrido a actuar por impulsos y a aplicar trucos de ingeniería financiera). También fue de corta duración la disposición de la Intervención General del Estado y de las burocracias controladoras a aceptar que el control en investigación fuera de rendición de cuentas y no previo.
En todo caso, el dato más importante ha sido el redescubrimiento de la existencia de un capital humano de gran calidad y enorme potencial.
El fracaso más significativo se cifra en no haber conseguido la institucionalización de la investigación científica y técnica en el seno de la Administración española ni en nuestra sociedad. La ausencia de este reconocimiento y de un estatuto especial supone que este ámbito esté sujeto al albur de los cambios de gobierno y de fluctuaciones económicas y políticas. En suma, todo este contexto dirige a que la función que sigue el desarrollo la ciencia y la tecnología en España sea sinusoidal y no alcance la sigmoidea. Tampoco ha logrado este objetivo la ley aprobada en junio de 2011 (Ley 14/2011) sobre Ciencia, tecnología e innovación.
Ante esta situación que evoca el mito de Sísifo, los científicos invocan siempre la necesidad de un Pacto de Estado. Mi experiencia de 50 años dedicado a la práctica y el análisis de la actividad investigadora me indica que eso es imposible en nuestro país y los hechos lo prueban tozudamente. La única remota posibilidad, que no me satisface, de esta solución propuesta sería la de colocar estas actividades bajo el amparo del Jefe del Estado.
La solución que propugno es democrática y ajustada al ejercicio de la gobernanza, es decir, legitimada social y éticamente. Reclamo un pacto social, un nuevo contrato social, en el que deben participar todos los agentes sociales. Con estas premisas, quizás deban liderar los científicos la vertebración de los agentes: empresarios, representantes sindicales y políticos interesados que quieran sumarse al proceso, que idealmente podría ser objeto de discusión y decisión en el Parlamento.
Emilio Muñoz es Profesor de Investigación emérito del Grupo Investigación Ciencia, Vida y Sociedad del Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía (IFS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es socio promotor de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC) y miembro de su Consejo Consultivo.
