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Hacia el rescate de la ciencia pública española.
Por Vicente Larraga, César Ullastres y Borja Sánchez. Socios promotores de la AEAC.
El gobierno de España ha publicado el pasado 9 de febrero un Decreto-Ley (1) en el que se incluyen varias medidas para mejorar la gestión de la I+D en las instituciones públicas, actualmente impedidas de llevar a cabo su función de fomento de la Ciencia y la Tecnología de una manera razonable por una serie de impedimentos jurídicos. Entre ellas, cabe destacar la eliminación de la intervención previa que afecta a los OPIs medianos y pequeños que se veían incapaces de gastar sus presupuestos asignados. También incluye la posibilidad de contratar personal indefinido de los proyectos en vigor, ejecutar contratos menores hasta 50.000 euros, mejorar la devolución de los préstamos renta, así como diversas medidas que facilitan la ejecución de los proyectos científico tecnológicos con un control ex post más razonable al existente. Es de resaltar que el RD plantea considerar y ponderar situaciones que, como las bajas por maternidad o por lactancia, repercutían negativamente en los Curriculum Vitae de las investigadoras dificultando su acceso a puestos y garantizando la igualdad de oportunidades. Esta medida parece el reflejo de una iniciativa realizada por una de las socias fundacionales de la AEAC, María de la Fuente, quien en 2018 pedía a través de la plataforma change.org que se dejase de discriminar a las mujeres científicas por ser madres (https://bit.ly/2GlxQNK).
La AEAC se felicita de estas medidas que rescatan a la ciencia pública española de una situación en la que había sido incapaz durante los últimos años de gastar un 70% de los presupuestos aprobados, debido a la complicada burocracia administrativa. Las medidas contenidas en el Real Decreto son un primer paso que permite al sistema español de I+D+i comenzar a salir de su situación de postración y empezar a construir un proyecto de desarrollo con nuevas medidas imprescindibles para conseguir un despegue científico. Esto implica tanto la eliminación de las trabas para la colaboración entre distintas instituciones y administraciones, estatales, regionales y privadas, todavía vigentes, como poner en marcha un programa de choque para salir de la situación de atraso en la que se encuentra. Este, deberá incluir el incremento continuado de la inversión, con previsión plurianual, el retorno de los investigadores jóvenes y el incremento del tamaño y calidad de nuestro sistema de I+D. Se ponen así las bases para cumplir una necesidad de la sociedad española que es el tener un motor de desarrollo económico basado en la innovación y no en factores aleatorios.
No cabe duda de que aún quedan muchas cosas por hacer, pero el proceso es complejo. En este sentido y en nuestra opinión, siguen sin aclararse temas de extraordinario interés como es el de las empresas de base tecnológica que surgen de la Universidades o los Centros Públicos de Investigación, lo que desincentiva enormemente el desarrollo de estos importantísimos vehículos de transferencia de conocimiento. Estos y otros aspectos reservan un análisis más pormenorizado de este Decreto-Ley, pero no podemos negar que su publicación es una noticia fantástica que nos hace ser un poco más optimistas acerca del futuro de la ciencia en España
