Método científico, convicción y responsabilidad ante los problemas de la inmediatez

Por Emilio Muñoz Ruiz, Socio Promotor de la AEAC

Los acontecimientos políticos se desbordan cual torrente en el escenario político español. Torrente que se nutre también de aguas internacionales. Me siento impelido a elaborar otra reflexión sobre el periodismo y la relación política, discurso que entra en ramificaciones sobre la indiscutible conexión entre ética y política.

De acuerdo con la base del método científico, primero ofrezco una síntesis de los hechos desde la perspectiva de quien ha vivido los primeros veinte años en el entorno de lo que se llamó países catalanes al principio de la transición no sin controversia. En términos de lengua, cultura y parte del recorrido histórico, Cataluña ha adquirido una conciencia de nación, con toda la dificultad que encierra este concepto. Recomiendo vivamente sobre estas cuestiones de pertenencia a civilización y nación el último libro de Yuval N. Harari, publicado en Debate, “21 lecciones para el Siglo XXI” (paginas 115-160). De este libro, con el que me siento tan identificado como si fuera propio, tomo estas citas que contextualizan en mi modesta opinión el problema: “– el nacionalismo no es una parte natural y eterna de la psique humana y no está basada en la biología humana” y en esta línea de su discurso“…. no es en absoluto natural para ellos (los humanos) ser leales a millones de completos desconocidos […] lealtades en masa han aparecido solo en los últimos miles de años (ayer por la mañana en términos evolutivos) y requiere inmensos esfuerzos de construcción social”: es decir, el conflicto entre Cataluña y su deseo independentista respecto a España es muy próximo en términos evolutivos, y por lo tanto epidérmico y preñado de emociones, situación muy alejada del ambiente que requiere la “construcción social”.

No es sorprendente que este proceso crujiera con motivo del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, promovido por el presidente Rodríguez Zapatero y su gobierno en estrecha colaboración con Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat (2003-2006) como PSC y luego en giro –difícil de encajar en un relato científico como el que intento– con Artur Mas, que fue presidente de la Generalitat en 2010, dato quizá relevante a tenor de lo que se expone a continuación. Este Estatuto tuvo un amplio debate en el Congreso fomentado por la Comisión Institucional bajo la presidencia de Alfonso Guerra: dato que marcó diferencias entre el PSOE, el Gobierno del PSOE y el PSC, que no han dejado de tener influencias en los resultados electorales desde entonces tanto en Cataluña como en España. El Estatuto así perfilado fue refrendado por los catalanes el 18 de junio de 2006, sometido a un profundo ataque en las calles españolas por el PP y objeto de un recurso por parte del mismo partido al Tribunal Constitucional el 31 de julio del mismo año. La sentencia del Constitucional se demoró cuatro años, fue deletérea declarando inconstitucionales 14 artículos (8 votos contra dos) y otros 27 sujetos a la interpretación del alto tribunal (6 votos contra cuatro). El texto completo de la sentencia y los cinco votos particulares se dieron a conocer en el BOE del 16 de julio de 2010, hecho envuelto con la manifestación convocada el 10 de julio contra la sentencia bajo el lema “Som una nació. Nosaltres decidim” (Somos una nación. Nosotros decidimos).

Desde entonces el ambiente necesario para la construcción social no ha hecho más que empeorar. El catalanismo que lideró Jordi Pujol, y que fue bisagra para los gobiernos sin mayoría absoluta de Felipe González y José María Aznar, se sumió en shock político con las investigaciones y juicios sobre corrupción que ya denunció Maragall en el Parlamento de Cataluña con escaso éxito y que la acción policial y judicial fue poniendo de manifiesto, lo que junto con el problema del Estatuto mencionado, les derivó hacia el independentismo con la contribución decisiva de Artur Mas. El crecimiento electoral del independentismo en las dos últimas décadas ha sido exponencial; la suma de ese catalanismo convulso con denominaciones diversas más Esquerra Republicana y la emergencia de la CUP ha pasado a un 47,4% en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 con una alta participación, partiendo del 4,18% de Esquerra en las elecciones catalanas de 1979, en plena ilusión de la Transición.

Es decir, la acción judicial-política del gobierno de Mariano Rajoy ha multiplicado por 10 el porcentaje de voto en cuarenta años, sobre todo desde 2010, es decir, en una década. La zona ambiental para la construcción social estalló en el otoño de 2018 con la declaración unilateral de independencia por el Govern (“procés”). Mientras que la aplicación del artículo 155 por este acto (sobre el que no voy a opinar por razones científicas ya que no tengo pericia jurídica) no ha mejorado la situación y la marcha de la democracia en Cataluña no es positiva.

La moción de censura que ganó Pedro Sánchez y la configuración de un gobierno en minoría pero con voluntad de actuar en Cataluña ha abierto un paréntesis de esperanza para quienes como yo creemos -como científicos- que el aporte de Cataluña a España es muy importante en términos de desarrollo científico y tecnológico, así como para el bienestar económico y social siempre que se practiquen políticas de justa reciprocidad. Tal aporte, en línea con lo apuntado en la cita a Harari, solo puede alcanzarse a través de un proceso de reconstrucción social que requiere negociación y lealtad por parte de todos los actores. Esto, en tiempos de inmediatez,de ambiciones individuales y exceso de intereses individuales o de ciertos colectivos en estado de tensión emocional extrema, suena a utopía.

Para orientar el tema hacia la reflexión que pide el método científico me atrevo a avanzar un diagnóstico de lo que se ha desencadenado en una semana enloquecida, del 4 al 9 de febrero de 2019. Me centro en el terreno de la ética o de las interéticas, término acuñado que se ha aplicado para integrar esa dimensión del análisis normativo a cuestiones complejas (sólo hace falta buscar en Google la cadena de texto Emilio Muñoz interéticas).

Tanto el inicio como el desarrollo se han movido, a mi juicio, entre la tragedia y el sainete, han estado salpicados por errores diversos de varios actores, impulsados por la inmediatez y la dificultad de reflexionar entre lo que son las convicciones y los intereses (concepción individualista/egoísta de los agentes implicados) y las responsabilidades (concepción cooperativa/empática de tales agentes). El Gobierno español se ha movido entre la convicción de querer gobernar y para ello de negociar con el Govern con el objetivo de obtener beneficios sociales y políticos y las muchas responsabilidades en las que está implicado. Estas se inician por el representante del PSC, Miquel Iceta, quien ante la inmediatez de un entrevista en TVE3 ha tenido que enfrentarse a un choque entre convicción y responsabilidad, lo que le conduce a enunciar la posibilidad de un alguien (pongan aquí la palabra que les apetezca) que puede ayudar a construir espacio social y político. Inmediatamente el Señor Torra, presidente de la Generalitat, ve una ocasión propicia para sus intereses y convicción y distribuye el documento de las 21 condiciones que le entregó al Presidente Sánchez en el encuentro del 21 de diciembre de 2018 en Pedralbes, que el presidente Sánchez no hizo suyo, quizá porque dio por supuesto (responsabilidad) que el documento oficial de aquel encuentro es el que acordaron y que se hizo público con cierta solemnidad. Los medios que se habían incomodado porque el documento de las 21 condiciones no se distribuyera por el gobierno vieron al hilo de la declaración de Iceta un maná. En medio de la confusión que generó el Gobierno español representado por su Vicepresidenta se lanzaron a la idea siempre atractiva en términos de rendimiento informativo de la confrontación y la falta de coherencia y de su derecho inmarcesible a la transparencia. Al gobierno le pilló todo de improviso con dificultades de coordinación que muestra, quizá no solo por limitada capacidad sino por estar continuamente ante una agenda muy difícil, multipolar, y se cometieron errores en comunicación y claridad. Es una lástima en términos de eficiencia científico-técnica que no se recurriera a aplicar a los debates éticas profesionales consecuencialistas (costes versus beneficios) basadas en valores como la responsabilidad, la empatía y la justicia social.

Eso ha resultado en una situación impulsada por intensas convicciones (las de cada uno: individuo o colectivo) pero con muy matizada, por reducida, responsabilidad institucional y social hacia los demás. Se ha organizado la trapatiesta de una manifestación que se espera multitudinaria. Y que en términos de análisis científico se convierte en una manifestación contra “algo que no es”.

Para terminar dos reflexiones, una a los medios que tomo prestada a una colaboradora del CIEMAT (UICC): “Está muy bien que los medios defiendan su derecho a mantener el secreto de las fuentes como esencial para el ejercicio profesional (convicción) pero sería bueno que pensaran en comprender y aceptar el derecho a mantener alguna reserva de información (temporal) por quienes negocian y sobre cómo negocian en circunstancias complejas“.

Cierro con otra cita simplificada a Harari en el libro citado (página 241): “los expertos en economía conductual y los psicólogos evolutivos han demostrado que la mayoría de las decisiones humanas se basan en reacciones emocionales y atajos heurísticos más que en análisis racionales, que […] quizá fueran adecuadas […] en la Edad de Piedra, [pero] resultan tristemente inadecuadas en la Edad del Silicio”.