La ciencia en el proyecto de Ley de Presupuestos 2018

Autor: Rafael Nájera Morrondo

Hace unos días, la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) publicó un “Informe de urgencia”, sobre la inversión en I+D+i en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018[1]

Constata un aumento del 8,33% (542,57 millones de euros) respecto al de 2017, 6,8 descontando la inflación, quedando el total civil en el 5,38%. Este aumento se ve contrarrestado por el dato de que el Gobierno, en 2017 habría ejecutado sólo, el 29,7% del presupuesto de investigación, la cifra más baja de la historia[2] que ha sido calificado de “presupuesto virtual”.

En el presupuesto de 2008 se ejecutó el 80%, lo que indica que España gastó hace 10 años en políticas de investigación (excluidos los OPI), 4,6 veces más que en 2017 (6.338 millones frente a 1.375), lo que según Ibañes (o.cit.) representa una reducción del 41% en el papel pero en la práctica, cercano al 80%.

Aún cuando, aparentemente, como hemos indicado, la subida presupuestaría sería de un 6,8%, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA), supervisado por el Ministerio de Defensa, aumenta un 34%, el CIEMAT un 3,58%, mientras el Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo hace en un raquítico 1,04% (se había reducido un 0,9% en 2016). En cuanto al Instituto de Salud Carlos III, queda igual que en 2017, pero arrastrando una caída de 30 millones desde 2011 (de 300 a  270 millones), una reducción del 10%.

Si grave es la reducción presupuestaria a lo largo de estos últimos años, refiriéndonos a valor constante, descontando la inflación, tan grave es la serie de complicaciones administrativas para ejecutar el gasto, que han sido denominadas como kafkianas[3] ya que el antiguo concepto de “operaciones comerciales”, ha sido sustituido por una intervención más compleja a raíz de la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación. Por ejemplo, los centros públicos, universidades y centros de investigación que quieran adquirir productos o servicios por una cantidad superior a 15.000 euros tienen que convocar el correspondiente concurso público, con lo que comenta Pain, en el artículo citado, en el caso del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, supondría más de 200 concursos al año, lo que es “administrativamente imposible” y como comenta Luis Serrano, su Director, se necesita además la aprobación del gasto por parte de los interventores, antes de que sea autorizado. Alicia Durán, del Instituto de Cerámica y Vidrio de Madrid (CSIC) habla de una política de asfixia de la investigación pública y que “se ha alcanzado una situación de parálisis de los centros e instalaciones, ya que aunque se disponga de los fondos, somos incapaces de poder gastarlos”.

Indudablemente, se han levantado voces, que piden que a nivel presupuestario se llegue en 2020 a los niveles anteriores a la crisis (Alicia Durán y otros) pero tan importante como ello sería conseguir un sistema de gestión administrativa completamente nuevo, aplicable a las actividades y organismos de carácter científico que simplificara radicalmente su tramitación. Comprendemos que los cambios radicales no son fáciles pero en este momento, absolutamente necesarios. Tenemos el recientemente aprobado modelo del “blockchain” en la Wolf University, en Oxford[4] “en el que el personal administrativo sería sustituido por una cadena de ordenadores  que se encargarían de gestionar toda la burocracia y así ahorrar gastos”o cambios que pueden aprobarse, si hay voluntad política, con toda rapidez, a través de la misma Ley de Presupuestos o el Decreto-Ley.