Reflexiones sobre la salud mental, ante el duro ejercicio de responsabilidad de una deportista de élite a finales de julio de 2021

Desde de esta y otras plataformas venimos insistiendo en la enorme dificultad analítica que entraña la complejidad de una sociedad cada vez más incomprensible e incluso irritante, aunque siempre surjan ejemplos admirables.

Durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Tokio  -unas olimpiadas aplazadas en 2020 que quizás no deberían haberse celebrado, y si lo han hecho ha sido por la presión de unas élites institucionales y económicas, frente a la opinión contraria de un amplio sector de la siempre respetuosa ciudadanía japonesa-, deportistas de diversas disciplinas muestran cada día ejemplos de sometimiento a una elevada presión medioambiental y tensión informativa (las patologías de la información en estado puro).

El caso más rutilante es el de Simone Biles, la gimnasta que se ha retirado de los Juegos confesando que la mente no le acompañaba. Lo es por su notoriedad mundial -al ser considerada una de las mejores, sino la mejor, gimnasta de todos los tiempos-, y por la presión a la que ha estado sometida, por factores no estrictamente deportivos, sino también derivados de su sexo y el color de su piel. No es el único caso: en los últimos años hemos visto como otros deportistas de élite -la tenista japonesa Naomi Osaka, el nadador estadounidense Michael Phelps o el baloncestista español Alex Abrines, entre otros- han hecho público sus problemas de salud mental, depresión o ansiedad. Pero hay otros deportistas, que se han visto silenciados, y otros trabajadores (y desempleados) que ni siquiera han tenido ni tienen la opción de ser oídos. Es la realidad de muchas otras personas que trabajan en condiciones precarias -por ejemplo, las camareras de piso de los hoteles, o muchos trabajadores de la ciencia. Casos todos de enorme sensibilidad, pero que no cuentan con la repercusión social del éxito.

La pandemia y la situación en España en lo que atañe a la salud mental

La pandemia generada por la covid-19 ha supuesto un aumento del estrés emocional de la población mundial: el miedo y la incertidumbre de los primeros meses, el confinamiento que nos enfrentó al aislamiento y la soledad, y la propia enfermedad que provoca daños neurológicos a corto y posiblemente largo plazo, además de síntomas físicos de agotamiento y decaimiento. Por tradición social y quizás simbólico-religiosa, la salud mental en España ha sufrido de una situación estigmatizada. Pero curiosamente la pandemia ha exacerbado las consecuencias de una sociedad hipercompetitiva, hiperconectada, “hiperdatada” (que no hiperinformada), sobrepasada por los requerimientos del éxito, la inmediatez y la gestión de los datos y las relaciones sociales (reales y virtuales), lo que acrecienta la incertidumbre y la ansiedad y exacerba las emociones, los miedos y la ansiedad, incrementa la debilidad de las personas y afecta a la salud mental individual y colectiva.

Y eso ha determinado en España dos reacciones sociopolíticas que merecen resaltarse.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha hecho un esfuerzo analítico inusitado en 2020 y de modo particular en 2021, para ofrecer a la ciudadanía española datos sobre los cambios sociales e institucionales influidos por la pandemia de la covid-19. Entre ellos destaca el estudio 3312 –Encuesta sobre la salud mental de los/as españoles/as durante la pandemia de la covid-19-, realizado bajo la dirección de los profesores de psicología de la UNED Bonifacio Sendín y José Luis Pedreira, y cuyos resultados muestran, entre otros datos, que un 46% de la población española ha notado en alguna ocasión mucha ansiedad o miedo, un 57% ha experimentado en alguna ocasión mucha tristeza o depresión, y un 56% ha sentido desesperanza con respecto al futuro. Sin embargo, los resultados no muestran evidencias de que durante la pandemia se hayan incrementado las visitas a profesionales de la salud mental -psicólogos o psiquiatras- o el consumo de medicamentos para el tratamiento de problemas de salud mental. Este último dato contrasta con los de la Agencia Española del Medicamento, según la cual el consumo de psicofármacos se ha incrementado en la pandemia.

Como sumatorio de esta actividad, del 19 al 23 de julio el CIS ha celebrado un encuentro titulado ¿Hacia nuevos horizontes y experiencias sociales? Cambios sociales e institucionales influidos por la pandemia de la COVID-19, en el que se han tratado distintos temas que sin duda pueden considerarse relacionados con los problemas de salud mental, e incluso como algunas de sus causas: el empobrecimiento de las redes familiares, la situación de las personas mayores y de los jóvenes, los cuidados, la incertidumbre, la pobreza energética, el impacto sobre las relaciones sociales, las emociones, los cambios en los comportamientos y las relaciones afectivas y sexuales, la afectación a la vida laboral y el ocio, e incluso a la vida política, el modelo de Estado y la democracia, los retos de la salud física y mental ante la pandemia, la precariedad laboral, y, en general, los problemas económicos. Se abordó concretamente el reto sanitario y las patologías mentales de la pandemia como colofón del citado encuentro, en relación a la salud pública y a los desafíos de la ciencia.

En paralelo con la emergencia de los resultados de la citada encuesta, el diputado en el Congreso por Más Madrid, Iñigo Errejón, tuvo una intervención que supuso una sorpresa, al plantear el problema de la salud mental en España. Ante la nueva explosión informativa resultante de la acción de Simone Biles, fue entrevistado en el programa Hoy por Hoy, de la Cadena SER: Un extracto de sus respuestas se ofrece a continuación:

• La salud mental parece que está dejando de ser un estigma y una vergüenza, y está saltando desde el ámbito privado, desde la oscuridad y el ocultamiento, desde la vergüenza, desde la culpabilización ajena e incluso propia, a la arena pública y política, a la visibilización, igualando la salud mental a la salud física.
• Este sufrimiento privado debe transformarse en un problema político, que se concrete en políticas públicas y tenga una mayor relevancia en la sanidad pública, para que la mental sea una más de las facetas de la salud cubiertas por esta.
• La Estrategia del Plan Nacional de Salud Mental es por el momento un borrador, que debe desarrollarse.

Apunte final

España muestra un déficit de profesionales dedicados al servicio de atención a la salud mental. Según un informe del Defensor del Pueblo, su ratio en la sanidad pública era en 2018 de 6 por cada 100.000 habitantes, tres veces menor que la media europea. El gobierno se ha comprometido a incrementar el presupuesto para la incorporación de psicólogos. Lo que estamos viendo es el paso político que viene a poner de manifiesto una problemática social, laboral, de valores, por lo que también es importante la prevención, atacando las causas.

Defendamos una sanidad pública integral, que proporcione cobertura a todas las enfermedades que afectan a la totalidad del cuerpo humano; que honre a los hospitales, que con motivo de la covid-19 han dado muestras de su capacidad asistencial como instituciones, y de la preparación de sus profesionales, en un ejemplo de ‘innovación curativa’ a medida que avanza la pandemia; y en la que la asistencia primaria merece desempeñar un papel y tener un reconocimiento más relevantes. Hasta podemos aceptar la boutade que, ante la intervención de Errejón, gritó un diputado del Partido Popular en el Congreso: “Vete al médico”. Reclamamos que esto sea posible en la sanidad pública, que todos los ciudadanos tengan posibilidad de cuidar su salud mental a través de ella.

Jesús Rey es investigador en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del IFS-CSIC. Es socio fundacional y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC).

Víctor Ladero es investigador en el Departamento de Tecnología y Biotecnología del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) del CSIC, y socio fundacional de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC).

Emilio Muñoz es profesor vinculado emérito en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía (IFS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y profesor emérito en la Unidad de Investigación en Ciencia, Tecnología y Sociedad del CIEMAT. Es socio promotor de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC) y presidente de su Consejo Consultivo.